La intervención del Estado y la inflación

El tema es polémico porque unos quieren que no haya intervención del Estado en la economía y otros abogan porque el Estado tenga un rol protagónico en las actividades productivas.

Entre una y otra posición, hay radicalismos.

Los radicales liberales que defienden la libertad, el mercado libre y que éste esté sólo regulado por las leyes naturales. Se sitúan en esta postura autores como Quesnay, el autor del “laissez- faire, laissez- passer”, y Adan Smith, cuyo libro “La riqueza de las naciones”, es un clásico.

Los radicales del intervencionismo con Carlos Marx a la cabeza.

Entre una y otra postura están los de un mercado libre moderado, con poca intervención del Estado, expresada en pocos impuestos, pero dedicándose el Estado a la defensa nacional, la seguridad jurídica (Justicia) y construcción de obras públicas; y los que aceptan la intervención del Estado en la economía, con reglas claras y con la inversión privada. La Doctrina Social de la Iglesia, fundándose en el principio de subsidiaridad, que formulara Pío XI en 1931, amplía las funciones económicas del Estado, cuya acción “fomenta, estimula, ordena, suple y completa” toda la actividad económica (Mater et magistra, No. 53, encíclica de Juan XXIII).

Está comprobado que el excesivo intervencionismo estatal, si no es capaz de respetar las inversiones privadas, lleva a la inflación que consiste en poca oferta y más demanda, y en consecuencia, precios altos en bienes y servicios, amén los graves conflictos sociales que tal fenómeno económico trae como consecuencias. La estabilidad de precios de bienes y servicios conviene a empresarios y consumidores.

La economía es asunto delicado de mucho tino, prudencia, sabiduría política y científica por parte de los gobernantes para buscar que el inversionista tenga estímulos y el consumidor – los pueblos – tengan la mayor suma de felicidad posible en educación de calidad, salud de calidad, buena alimentación, muchas fuentes de empleos, dignos y bien remunerados, excelentes vías de comunicación, seguridad jurídica de bienes y de personas, entre otras cosas no menos importantes.